17 Ene

Las reformas vs. lo urgente, por Rosa Alayza

Por Rosa Alayza
Politóloga – profesora de la PUCP

Se dice que impulsar reformas políticas acarrea un alto costo y no siempre retribuye bien, pues no dan réditos políticos inmediatos. Sus frutos son de largo plazo, mientras que las obras sí hacen populares a los gobernantes. Constatamos que la agenda del gobierno de Vizcarra incluye el componente social y político; el primero ligado a la promoción de obras o proyectos o mejora de servicios y el segundo a la reforma política y judicial. En varios momentos surgió la tensión entre gobernar y reformar, algo que los detractores políticos le recordaron al presidente diciéndole que perdía el tiempo y que debía ocuparse de los problemas urgentes como la anemia o proyectos de inversión.

Ciertamente, sostener que hay contradicción entre la agenda social y la política no es exacto, al contrario, parece que ambas funcionan relacionadas. Las reformas políticas y la lucha contra la corrupción sintonizan con el electorado mayoritario y justamente ambas se vinculan a demandas de mejora del Gobierno. Eso pasó claramente con el referéndum donde Vizcarra consiguió aprobar varias medidas y subir su aprobación. La lucha contra la corrupción en el gobierno o en el Ministerio Público hace evidente cómo la corrupción hace fracasar obras o genera indignación por estar mal hechas, como ocurrió con la reconstrucción del sur hace años y del norte recientemente. El Congreso ha exhibido a varios congresistas muy cuestionados que no han sido debidamente juzgados por sus pares; proteger a los corruptos, ya está siendo mal visto. Así, contra lo esperado, la reacción ciudadana no ha sido pasiva, surgió una actitud crítica que exige mejor gestión política e institucional.

Si bien esta conexión entre lo social y político existe desde antes, actualmente se ve recogida en la agenda del gobierno y juntas consiguen la sintonía mayoritaria con la opinión pública. Se gobierna en medio de una gran crisis de representación de los partidos, representantes del Parlamento y de los movimientos regionales en gobiernos regionales y locales. Desde hace años la ciudadanía ha venido acumulando esta enorme desconfianza en el Estado; por su lentitud en tramitar las demandas si llegan a buen puerto, por su gestión inadecuada de servicios públicos básicos, como salud o educación, donde la gente no se siente bien tratada, pues entre tantas cosas la información no es transparente ni directa o porque muchos funcionarios usan para sus intereses privados el servicio público, como recientemente los médicos que se ausentan de sus turnos.

La desconfianza del pasado se alimentó con la reproducción de la corrupción que alejó más al Estado de las poblaciones, ahondando la crisis de representación. El enfoque del discurso de Vizcarra acierta al refrendar que los derechos ciudadanos se ejerzan ligando en su agenda lo social y político. Por esa vía se ha conectado con la calle. La delgada línea que relaciona lo social y político configura un núcleo de la política actual, que no sin dificultad enfrenta el gobierno de Vizcarra. ¿Este mantendrá su capacidad de interpretar ambas dimensiones y mantenerlas en su agenda?